Las voces que exigen cambio de la Constitución y que rechazan dicha idea están en movimiento —significa que la discusión está abierta al respecto— en el país en los últimos años. En el fondo dos tesis subyacen en la palestra pública: (i) cambio de la Constitución mediante el mecanismo de la asamblea constituyente y (ii) objeción a la necesidad de cambiar la Constitución. Un aspecto que destacamos en ambas perspectivas reside en que como telón de fondo la discusión se produce entorno al poder constituyente, esto es, a cómo se activa y usa el poder de cambio del texto constitucional. Nociones habituales que tenemos de dicho poder recaen en que se trata de una figura que contiene la fuerza constitucional necesaria que permitirá transformar la infraestructura constitucional. Existen, en general, adscripciones analíticas positivas. No obstante, también dentro del debate teórico fueron surgiendo críticas al ejercicio de dicho poder, ya que podría concebirse como un instrumento de inestabilidad constitucional y política (prácticamente representaría un peligro respecto al sistema constitucional por su vocación de cambio estructural). El debate, en definitiva, queda abierta. Aquí únicamente nos interesa presentar los dos enfoques mencionados al inicio. Tal como procedemos a continuación.

El debate sobre el poder constituyente (asamblea constituyente) en Perú ha ganado terreno, principalmente, luego de las protestas de inicios del 2023 y la crisis política que se ha convertido en una constante en el país. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en enero de 2023, da como resultado que el 69% de los peruanos apoya la idea de instalar una asamblea constituyente que tenga como finalidad cambiar o redactar una nueva Constitución. Este contexto, necesariamente, viene vinculado con las protestas sociales que tuvieron como propósito exigir la renuncia de la presidenta, el cierre del congreso, el adelanto de elecciones generales, entre otros. Y resultaba —todavía resultaría— una opción válida cambiar la Constitución de ese modo, puesto que así se asegura la participación ciudadana, ya que la solución a la crisis política necesita de mayor dosis de involucramiento ciudadano. Quienes están disconformes con la estructura política y constitucional son los ciudadanos, es decir, están cansados de la manera en que se organiza y funciona constitucionalmente el país. Ante ello la única forma de reparar es permitir que el ciudadano se convierta en un actor y colaborador del proceso constitucional. En tal escenario, los ciudadanos han encontrado en el cambio constitucional como una opción que permita expresarse desde dentro del sistema constitucional en aras de modificar el contenido del texto constitucional.

La otra posición respecto al poder constituyente son las voces discrepantes, pues consideran que la convocatoria a una asamblea constituyente no necesariamente representa la solución adecuada al problema de la crisis político-constitucional que atraviesa el país. Han indicado que refundar el pacto constitucional supondría una especie de aniquilamiento de la democracia constitucional, ya que la Constitución ocupa el centro del sistema constitucional contemporáneo y su reemplazo supone atacar sus bases esenciales. De ahí plantean que debe reformarse de manera urgente ciertas partes de su contenido en aras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, empero no implica la redacción de una nueva Constitución como el camino más viable. Más bien el país requiere es un cambio en la gestión del Estado, primordialmente, asegurando que las autoridades y funcionarios públicos sean capacitados, honestos y comprometidos. No se debe pensar en que esas condiciones se alcanzarán cambiando una norma, sino creando condiciones económicas, sociales e institucionales, así como generando empleo y mitigación de la corrupción. Estas acciones, evidentemente, no necesita del cambio constitucional, sino asumir una posición propositiva y de mejora de las condiciones sociales. A partir de estas consideraciones creen que usar mecanismos radicales supone riesgos elevados. También inciden en que la asamblea constituyente podría polarizar aún más al país porque sería un vehículo al servicio de la inestabilidad económica y desviaría la atención de las reformas urgentes que el sistema político y administrativo necesitan. Con todo eso, más que una nueva constitución, el Perú necesita liderazgos éticos y políticas públicas eficaces que respondan a las demandas ciudadanas.

Finalmente, si bien consideramos que el cambio de la Constitución es necesario para responder a las demandas de una ciudadanía que anhela un Estado más justo y eficiente, no obstante, debemos tener presente que se necesita consenso y condiciones que actualmente concurren en torno a esta agenda. Un nuevo pacto social tiene como cimiento la respuesta a situaciones de desigualdad, corrupción y sistema democrático deficiente; sin embargo, no es suficiente con prestar atención a estas circunstancias exclusivamente, sino que también debe llevarnos a oír las voces discrepantes que señalan los riesgos y desafíos que implicaría una asamblea constituyente en el actual contexto de inestabilidad política. No podemos anteponer únicamente las demandas y perspectivas desde un solo enfoque, pues pensar en esa posición nos podría conducir a resultados desagradables. En este momento, después de todo, vale la pena considerar que la Constitución representa consenso y construcción de un proyecto común que permita la convivencia social-política de los miembros de una nación. Nos pone el reto de dialogar frente a escenarios adversos —por más ácidos y desagradables que sean—. No se gana, al final del día, imponiendo las razones constitucionales, sino llegando a consensos y acuerdos comunes mínimamente aceptables. Y así asegurar la duración de los nuevos acuerdos constitucionales.