Carolina Garcés Peralta
Profesora PUCP - Miembro de la SPC

1. La razón de ser del Estado en su conjunto es garantizar los derechos de todas las personas que habitan en el país, así lo establecen expresamente nuestra Constitución -norma suprema de obligatorio cumplimiento- y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ambas de aplicación directa; reforzada por senda jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -que forma parte del Control de Convencionalidad- estándares internacionales de protección de derechos humanos, además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano.
2. Preocupa entonces -por decir lo menos- que en un contexto post pandemia, cerca a la llegada del 2030 y, por ende, del momento de evaluar el cumplimiento por parte de los Estados de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se venga evidenciando desde el propio Estado peruano -en especial de los Poderes Ejecutivo y Legislativo- no solo la omisión de este deber de garantizar los derechos humanos, sino la vulneración o amenaza de vulneración de los mismos. Una sola muestra de la gravedad de esta situación es la muy reciente decisión del Ejecutivo de evaluar la incorporación de la pena de muerte, y del proyecto de ley N° 9761/2024-CR, presentado en el Congreso por la congresista Acuña Peralta (de APP), que plantea el retiro del Perú de la CADH.
3. Sin incurrir en falacias, dejando de lado intereses políticos, económicos o amparados en la moral social, y basándose únicamente -como corresponde- en exigencias deliberativas y argumentativas que se sustentan en el Derecho Constitucional y los principios y valores que lo inspiran; quienes ejercen ética y profesionalmente el Derecho saben que no existe sustento jurídico para reducir o retroceder en este y otros casos en la protección de derechos fundamentales. En efecto: ¿cómo se puede argumentar la denuncia de la CADH para restablecer la pena de muerte y desproteger los derechos fundamentales, en un mundo globalizado y en el marco de la constitucionalización del derecho internacional y de la internacionalización del derecho constitucional?; ¿cómo no optimizar la primacía de los derechos de las personas y su dignidad?; ¿cómo justificar retrocesos reformando la Constitución o emitiendo normas con rango de ley que vulneran los derechos fundamentales?; ¿cómo incumplir los diversos compromisos internacionales asumidos por el Estado sin que esto, tarde o temprano, no solo afecte derechos humanos sino que torne al Perú como responsable de sus actos generándole consecuencias de distinto tipo?
4. Lo expuesto adquiere especial incidencia cuando las vulneraciones o retrocesos se producen en contra de los derechos fundamentales de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad víctimas de discriminación estructural (mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas migrantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, entre otros). Concretamente, y solo a modo de ejemplo, en lo que se refiere a derechos de las mujeres es decir del 50% de la población nacional-, preocupan la insuficiente acción así como la emisión de normas ocurridas durante el 2024:

• • Retroceso legal en el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres, eliminando la alternancia en la fórmula presidencial y la paridad horizontal en las listas de candidaturas para elecciones generales, regionales y municipales.
  • Falta de voluntad para la emisión de una ley del Sistema Nacional de Cuidados y para la implementación de dicho sistema.
  • A pesar de las altas cifras que demuestran la persistencia de las distintas manifestaciones de violencia estructural contra las mujeres persisten desde hace años solo 8 distritos judiciales especializados en materia de violencia contra las mujeres a nivel nacional, no obstante el compromiso estatal asumido de que al 2022 se debía contar con 34 al 2022; injustificada lentitud en la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres; inexistencia de voluntad política para emisión de una Política Nacional contra la Violencia de Género; insuficiente presupuesto para la efectiva mejora del sistema preventivo y de justicia; insuficiente capacitación y sensibilización a las y los operadores. Resumido este contexto repreguntamos entonces: ¿es acaso la pena de muerte a violadores de menores de edad la respuesta jurídico constitucional enmarcada en los compromisos internacionales la que cabe dar ante esta manifiesta falta de voluntad político a estatal?
  • Riesgo de retroceso por fusión entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables I(MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) propuesta por el Poder Ejecutivo.

Si realizamos este análisis a la protección de derechos fundamentales de otros grupos de personas, ¿sucederá algo similar? La respuesta cae de madura.

5. La situación se complica debido a la alarmante ausencia del control y contrapeso requerido entre Ejecutivo y Congreso que evite el abuso de poder, en el marco de un innegable proceso de desinstitucionalización del sistema democrático. Ello, sumado a una ciudadanía que, a consecuencia de la grave represión acaecida hace dos años, ha dejado de realizar movilizaciones masivas por temor a afectaciones irreparables a sus derechos fundamentales, genera un crítico panorama ante el cual ningún conocedor y defensor del Estado Constitucional y Democrático de Derecho puede quedar indiferente.
6. La defensa y protección de los derechos fundamentales no es discrecional del Estado; por el contrario, se trata de una obligación cuyo incumplimiento genera -vale la pena reiterarlo- clara responsabilidad, más aun cuando dicha vulneración proviene del propio Estado. Esperemos que la toma de conciencia de esta grave situación no ocurra demasiado tarde para el país y, sobre todo, para sus habitantes.

Heber Joel Campos
Abogado y magister en Ciencia Política por la PUCP - Miembro de la SPC

El 2024 será recordado como el año en el que la crisis de la democracia en el Perú llegó a su cenit. En los últimos meses han ocurrido situaciones impensadas. Entre ellas: la aprobación de normas groseramente inválidas, la instrumentalización de los mecanismos de control político para socavar el principio de equilibrio y separación de poderes, escándalos de corrupción que involucran a altas autoridades en todos los niveles del Estado, entre otros.

Por ello, resulta clave prestar atención a la agenda del 2025. El año que viene será decisivo para el futuro de nuestro país y sus instituciones. En él se decidirá, por ejemplo, la oferta electoral para el periodo 2026-2031 y las reglas de juego con las que quienes elijamos intentarán resolver los problemas heredados de este periodo infame.

Así, los puntos a los que debemos prestar atención el año venidero son:

1. La relación ejecutivo- congreso: en la medida que el 2025 será un año preelectoral, es altamente probable que los partidos que cuentan con representación en el Congreso tomen distancia del gobierno. A ninguno de ellos les conviene aparecer en la foto junto con las autoridades del ejecutivo. Hacerlo sería, en términos prácticos, renunciar a competir electoralmente el 2026.
2. La continuidad del gobierno: Tomando en cuenta lo anterior, no debe descartarse que el próximo año el Congreso intente vacar a la presidenta Boluarte. No lo hará porque considere que su gobierno es ineficiente o porque ha incurrido en graves y documentados actos de corrupción, sino porque la permanencia de sus integrantes en el cargo no estará en riesgo. Si el Congreso vaca a la presidenta tras la convocatoria a elecciones generales -prevista para abril de 2025-, no será necesario convocar nuevamente a elecciones. Dado que estas ya habrán sido convocadas, los actuales congresistas se mantendrán en sus puestos hasta julio de 2026. Y el presidente del Congreso reemplazará a la actual presidenta, de acuerdo con la regla de sucesión presidencial prevista en el artículo 115 de la Constitución.
3. La aprobación de leyes contrarias a la Constitución que rompen el equilibrio de poderes en favor del Congreso: el 2024 será recordado como el año en que el Congreso se convirtió, de facto, en el primer poder del Estado. En este periodo, el Congreso aprobó un paquete desproporcionado de leyes ordinarias, orgánicas y de reforma constitucional que responden a dos tendencias evidentes. Por un lado, se trata de normas que benefician a la mayoría de sus integrantes. Por otro, se trata de normas que apuntan a fortalecer la posición del Congreso con relación a los demás poderes del Estado. Un ejemplo de la primera tendencia es la aprobación de la Ley 32138, que modificó la definición del delito de crimen organizado para hacer más difícil su persecución penal. Un ejemplo de la segunda es la aprobación de la Ley 32153, que crea un procedimiento especial para las demandas de amparo interpuestas contras los actos políticos del Congreso.
4. El rol de la justicia: el 2024 demostró que el riesgo más grave que enfrenta la democracia es la concentración del poder en cabeza de un sector o facción de la sociedad o del Estado. Tradicionalmente se asumió que ese riesgo -en términos políticos- residía en el Gobierno. Pero eso fue solo un espejismo. Este puede estar no solo en el Ejecutivo, sino en cualquier órgano o entidad que ejerce un poder indiscriminado. En el Perú, producto de una serie de reformas abiertamente contrarias a la Constitución, se modificó el esquema de pesos y contrapesos de poderes en los últimos años. Así, pasamos de un sistema de gobierno presidencial atenuado (o frenado como decía Pedro Planas), a uno parlamentario atenuado. En este, el Congreso tiene la hegemonía. Y el Ejecutivo acepta impasiblemente sus designios, en la medida que no cuenta con una bancada propia

En este esquema el riesgo de que el Congreso abuse de su poder es muy alto. De hecho, ya lo viene haciendo, con el respaldo tácito del gobierno. En esas condiciones, el rol que asumirá la justicia se torna superlativo. Esta deberá encargarse no solo de garantizar la Constitución y las leyes, sino, y fundamentalmente, de garantizar el equilibrio y contrapeso de poderes. El poder político, sin duda, insistirá en sus intentos por cooptarla, pero es ahí donde la integridad y la firmeza de los jueces hará la diferencia.

En resumen, el 2025 será un año clave para la democracia peruana. De lo que hagamos el próximo año dependerá el éxito de la transición política. Hemos perdido mucho tiempo. Retomar la senda del desarrollo -político, económico y social- será la prioridad en el siguiente quinquenio. Hagamos todo lo que está a nuestro alcance para insistir en la importancia de las instituciones y para denunciar los intentos por horadarla, antes de que sea demasiado tarde.

Erika García Cobián Castro
Profesora PUCP - Miembro de la SPC

La regresión democrática y la [des]constitucionalización del derecho, tienen en América Latina, y de forma particular, en el Perú, rasgos propios que se corresponden con una historia marcada por la debilidad de un sentimiento de unidad nacional; por la incongruencia entre los valores, principios y derechos constitucionales y el orden social y político establecidos; por la estigmatización de grupos sociales a los que se les excluye de los beneficios del desarrollo económico y social; por las rupturas constitucionales súbitas y el desgaste interno de las instituciones políticas; por el socavamiento de la estructura de controles; por el desmontaje del carácter normativo de la Constitución; y por el déficit de la unidad y cohesión social, entre otros (Landa, 2012; Gargarella, 2021; Grández, 2024).

Por ello, consideramos que estos rasgos no aparecen recién, sino que se hacen más visibles en el actual contexto de regresión democrática y [des]constitucionalización del derecho que atravesamos, amenazando con imponerse frente a los logros de las reformas políticas y jurídicas desplegadas durante el periodo de transición democrática, iniciada en el año 2001 para restituir derechos fundamentales, revertir la corrupción sistémica, así como para restablecer los controles y la institucionalidad democrática.

Una de las manifestaciones más aberrantes y lacerantes del proceso de regresión democrática y constitucional, que venimos padeciendo, son las expresiones discriminatorias de quienes ocupan funciones de primer orden en el gobierno o que han integrado instituciones de control constitucional en el Estado. Al respecto, podemos señalar, como ejemplo, las declaraciones del señor Morgan Quero, actual ministro de Educación, o las del señor Ernesto Blume, ex presidente del Tribunal Constitucional y actual abogado defensor de la presidenta de la República.

En el primer caso, el ministro de Educación respondió a la pregunta de una periodista sobre la omisión de un pronunciamiento del gobierno en el día de los derechos humanos, respecto de las víctimas de la represión policial en el contexto de la protestas sociales de 2022 y 2023, afirmando que "los derechos humanos son para las personas, no para las ratas"[1]. Un segundo caso, es el que corresponde a la declaración del señor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional y actual abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el sentido de que ".. le exig[ió] a la presidenta que sea más dura en la represión"[2], refiriéndose al uso de la fuerza policial para responder a las protestas sociales del periodo ya señalado, y que produjo el lamentable resultado de cuarenta y nueve personas fallecidas[3].

Al respecto, consideramos importante destacar que estas declaraciones ponen de manifiesto la presencia de rasgos discriminatorios por razones de origen, etnia o clase social, que si bien se encuentran arraigados todavía en la sociedad y la política peruanas, se exacerban en contextos de regresión democrática y constitucional. A pesar del agravio que tales declaraciones constituyen para las víctimas de la represión policial y sus deudos, así como para la sociedad en su conjunto, el ministro de Educación mantiene su cargo en el gobierno y el abogado de la presidenta de la República conserva el encargo profesional. Deshumanizar a quienes ejercen su derecho a la protesta y reclamar para ellos y ellas, una respuesta basada en la intensificación del uso de la fuerza en lugar de aconsejar y exigir la implementación de mecanismos de diálogo para canalizar las demandas y el conflicto social, conllevan una actitud de estigmatización y subvaloración de ciudadanos y ciudadanas, que en este caso, corresponden a población de origen andino y que sufren condiciones de pobreza y exclusión históricas.

Las declaraciones en cuestión implican la negación discriminatoria de los derechos constitucionales y convencionales a la reunión y manifestación pública, pacífica y sin armas, a la protesta social y a la participación ciudadana y política. Estos derechos realizan especialmente la democracia y la justicia, y cobran especial relevancia en contextos de desinstitucionalización de las entidades públicas, partidos políticos y organizaciones sociales, y, por lo tanto, de debilidad de los mecanismos llamados a canalizar la atención efectiva de las demandas de la población, y la transformación de los conflictos sociales y políticos, especialmente de las minorías o grupos más vulnerables.

Finalmente, desde el "Constitucionalista" me sumo a las expresiones colectivas de indignación, protesta y demanda de desagravio respecto lo que constituyen declaraciones inaceptables en un Estado constitucional e invoco a la realización de las promesas de la República, desde la cohesión social e integración de todos y todas, alrededor de los "valores de una Constitución compartida" (Cortina, 2007).

Referencias bibliográficas

• Arroyo, C. L. (2012). El rol de la Constitución de Cádiz en la gestación de la independencia del Perú. Historia Constitucional, (13), 315-337.
• Cortina, A. (2007). Democracia deliberativa. Contrastes. Revista Internacional de Filosofía.
• Gargarella, R. (2021). El derecho como una conversación entre iguales: qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran–por fin–al diálogo ciudadano. Siglo XXI Editores, 2021.
• Grández, P. (2024) La Constitución que languidece. Estudios de derecho constitucional en tiempos de crisis. Palestra.

Notas al pie

[1] Declaraciones del señor Morgan Quero, ministro de Educación del gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el día 11 de diciembre de 2024, para el diario La República. https://www.youtube.com/watch?v=Zk7yGYvLYYM&t=7s

[2] Declaraciones del señor Ernesto Blume en Prueba de fuego/ entrevistado por Martín Riepl. RPP, 3 de diciembre de 2024.

[3] De acuerdo al Reporte Diario sobre Crisis Política y Protesta Social de la Defensoría del Pueblo, de fecha 14 de mayo de 2023, la cifra acumulada de personas fallecidas en enfrentamientos asciende a 49 civiles. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/05/Reporte-Diario1452023_19_30.pdf

Galimberty R. Ponce Flores
Abogado por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno - Miembro de la SPC

Las voces que exigen cambio de la Constitución y que rechazan dicha idea están en movimiento —significa que la discusión está abierta al respecto— en el país en los últimos años. En el fondo dos tesis subyacen en la palestra pública: (i) cambio de la Constitución mediante el mecanismo de la asamblea constituyente y (ii) objeción a la necesidad de cambiar la Constitución. Un aspecto que destacamos en ambas perspectivas reside en que como telón de fondo la discusión se produce entorno al poder constituyente, esto es, a cómo se activa y usa el poder de cambio del texto constitucional. Nociones habituales que tenemos de dicho poder recaen en que se trata de una figura que contiene la fuerza constitucional necesaria que permitirá transformar la infraestructura constitucional. Existen, en general, adscripciones analíticas positivas. No obstante, también dentro del debate teórico fueron surgiendo críticas al ejercicio de dicho poder, ya que podría concebirse como un instrumento de inestabilidad constitucional y política (prácticamente representaría un peligro respecto al sistema constitucional por su vocación de cambio estructural). El debate, en definitiva, queda abierta. Aquí únicamente nos interesa presentar los dos enfoques mencionados al inicio. Tal como procedemos a continuación.

El debate sobre el poder constituyente (asamblea constituyente) en Perú ha ganado terreno, principalmente, luego de las protestas de inicios del 2023 y la crisis política que se ha convertido en una constante en el país. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en enero de 2023, da como resultado que el 69% de los peruanos apoya la idea de instalar una asamblea constituyente que tenga como finalidad cambiar o redactar una nueva Constitución. Este contexto, necesariamente, viene vinculado con las protestas sociales que tuvieron como propósito exigir la renuncia de la presidenta, el cierre del congreso, el adelanto de elecciones generales, entre otros. Y resultaba —todavía resultaría— una opción válida cambiar la Constitución de ese modo, puesto que así se asegura la participación ciudadana, ya que la solución a la crisis política necesita de mayor dosis de involucramiento ciudadano. Quienes están disconformes con la estructura política y constitucional son los ciudadanos, es decir, están cansados de la manera en que se organiza y funciona constitucionalmente el país. Ante ello la única forma de reparar es permitir que el ciudadano se convierta en un actor y colaborador del proceso constitucional. En tal escenario, los ciudadanos han encontrado en el cambio constitucional como una opción que permita expresarse desde dentro del sistema constitucional en aras de modificar el contenido del texto constitucional.

La otra posición respecto al poder constituyente son las voces discrepantes, pues consideran que la convocatoria a una asamblea constituyente no necesariamente representa la solución adecuada al problema de la crisis político-constitucional que atraviesa el país. Han indicado que refundar el pacto constitucional supondría una especie de aniquilamiento de la democracia constitucional, ya que la Constitución ocupa el centro del sistema constitucional contemporáneo y su reemplazo supone atacar sus bases esenciales. De ahí plantean que debe reformarse de manera urgente ciertas partes de su contenido en aras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, empero no implica la redacción de una nueva Constitución como el camino más viable. Más bien el país requiere es un cambio en la gestión del Estado, primordialmente, asegurando que las autoridades y funcionarios públicos sean capacitados, honestos y comprometidos. No se debe pensar en que esas condiciones se alcanzarán cambiando una norma, sino creando condiciones económicas, sociales e institucionales, así como generando empleo y mitigación de la corrupción. Estas acciones, evidentemente, no necesita del cambio constitucional, sino asumir una posición propositiva y de mejora de las condiciones sociales. A partir de estas consideraciones creen que usar mecanismos radicales supone riesgos elevados. También inciden en que la asamblea constituyente podría polarizar aún más al país porque sería un vehículo al servicio de la inestabilidad económica y desviaría la atención de las reformas urgentes que el sistema político y administrativo necesitan. Con todo eso, más que una nueva constitución, el Perú necesita liderazgos éticos y políticas públicas eficaces que respondan a las demandas ciudadanas.

Finalmente, si bien consideramos que el cambio de la Constitución es necesario para responder a las demandas de una ciudadanía que anhela un Estado más justo y eficiente, no obstante, debemos tener presente que se necesita consenso y condiciones que actualmente concurren en torno a esta agenda. Un nuevo pacto social tiene como cimiento la respuesta a situaciones de desigualdad, corrupción y sistema democrático deficiente; sin embargo, no es suficiente con prestar atención a estas circunstancias exclusivamente, sino que también debe llevarnos a oír las voces discrepantes que señalan los riesgos y desafíos que implicaría una asamblea constituyente en el actual contexto de inestabilidad política. No podemos anteponer únicamente las demandas y perspectivas desde un solo enfoque, pues pensar en esa posición nos podría conducir a resultados desagradables. En este momento, después de todo, vale la pena considerar que la Constitución representa consenso y construcción de un proyecto común que permita la convivencia social-política de los miembros de una nación. Nos pone el reto de dialogar frente a escenarios adversos —por más ácidos y desagradables que sean—. No se gana, al final del día, imponiendo las razones constitucionales, sino llegando a consensos y acuerdos comunes mínimamente aceptables. Y así asegurar la duración de los nuevos acuerdos constitucionales.

Gorki Gonzales Mantilla
Profesor PUCP - Miembro de la SPC

La posible existencia de una red de prostitución en el Congreso de la República es solo el episodio final de una temporada que aún no concluye. La historia tiene para más, pues ya se sabe que los hechos serán investigados por la comisión de turno. El tiempo que esto demore será suficiente para que el lumpen presente en la institución ordene sus agendas en búsqueda de encubrir y borrar todo posible vínculo. Las aterradoras y brutales características del crimen que ha expuesto a la luz estos hechos indican que su dominio corresponde a personas con gran poder y dinero. Por eso mismo, las resistencias para descubrir la verdad no serán de menor magnitud.

El escenario de fondo ha sido bastante trajinado. Aún están en el recuerdo las imágenes del Congresista Fredy Díaz, del partido Alianza para el Progreso – AP, denunciado por violación cometida en una oficina del Parlamento en julio de 2022[1]. Hoy cumple una condena de 13 años. Y no pasa desapercibido el retraso injustificado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ir adelante con el desafuero[2] de su colega, ni el intento para evitar que prosperara el pedido de inhabilitación de la función pública en su contra[3].

En una dimensión de lo incorrecto menos letal están los 11 congresistas que han sido denunciados por el delito de concusión en perjuicio de sus trabajadores y en beneficio propio[4]. El tiempo que ha transcurrido desde que se produjeron las denuncias es un resultado de las demoras en las comisiones que han tenido a su cargo las investigaciones. Este tiempo de espera, por encima de las evidencias, los testimonios y las pruebas, es la señal de que la incorrección va más allá de los casos denunciados: está en la base cultural de las prácticas que movilizan la vida en el Parlamento, excepciones aparte. Pero la realidad es aún más dramática si se considera la cifra de congresistas denunciados por otros delitos. Se registra un total de 67 parlamentarios investigados por delitos contra la administración pública, contra la fe pública y contra el patrimonio, lavado de activos, delitos contenciosos administrativos y delitos contra la tranquilidad pública, entre otros.[5]

En el teatro de operaciones de estos actores políticos se han tomado las decisiones de la mayor importancia para todos los miembros de la comunidad política. En los últimos dos años se han desarticulado las competencias de la SUNEDU para dar paso a las agendas de los propietarios de las universidades con fines de lucro y sus alianzas, presentes incluso en algunas universidades públicas[6]. Se ha intervenido en el sistema penal y el resultado, además de crear un caos normativo, ha relajado los instrumentos para enfrentar el crimen organizado. Algunas de estas medidas buscaban favorecer la posición de ciertos congresistas que venían enfrentando procesos penales. El Congreso ha legislado para favorecer actividades económicas que actúan entre la informalidad y la ilegalidad (minería, transporte). También ha buscado intervenir en el sistema de justicia e interferir en su independencia. [7]Primero tuvo en la mira a la Junta Nacional de Justicia (se mantiene latente), luego, esperando ir más allá, ha creado una comisión para la reforma de todo el sistema de justicia que promete resultados en 90 días. Incluso se han aprobado cambios para redefinir el sistema de nombramientos de las autoridades del sistema electoral por razones que se explican a la luz de los intereses involucrados.

En las manos de estos congresistas ha estado la reforma del texto constitucional de 1993. Se han aprobado 6 leyes de reforma constitucional que han generado 67 modificaciones que entrarán en vigor para las elecciones del 2026[8]. Se ha reestructurado el modelo de régimen parlamentario para convertirlo en bicameral. Semejante reforma altera profundamente la conformación del sistema político del país y ha sido hecha sin deliberación ni participación de la ciudadanía. El poder sobre la reforma de la Constitución ya quedó bajo el arbitrio del Congreso gracias a una decisión tomada por sus miembros.

La historia tiene para muchos episodios aún. La posible red de prostitución que involucraría a algunos congresistas y el trágico homicidio con sicariato son la metáfora que mejor representa lo que ocurre en el Congreso: la expresión de una forma de actuación que ha desvirtuado completamente el significado de la política. Ni el bien común ni los valores de la comunidad son más su objeto. La política ha sido convertida en un instrumento funcional a los móviles primarios[9], egoístas e incontenibles de una cultura rapaz, gestada al calor de las políticas económicas de las últimas tres décadas que hoy asola el Congreso de la República.

Será una tarea enorme y de largo aliento revertir este estado de calamidades. El desafío no será fácil pues, aunque existan ciudadanos comprometidos con el llamado de la República, la resistencia de los actores que se han apoderado del país no cesará. Han demostrado con pruebas fehacientes que no tienen escrúpulos cuando se trata de defender sus fueros. Es necesario apelar a la idea del deber como punto de referencia de la acción pública[10], para resignificar el papel de la política y reconstruir el país luego de esta fatídica temporada.

Notas al pie

[1] https://www.infobae.com/peru/2024/09/22/fiscalia-solicita-elevar-condena-del-excongresista-freddy-diaz-a-20-anos-por-caso-de-abuso-sexual/

[2] https://www.gob.pe/institucion/defensoria/noticias/648894-defensoria-del-pueblo-exige-debida-diligencia-en-la-evaluacion-del-desafuero-del-congresista-freddy-diaz

[3] https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/presentan-reconsideracion-a-la-votacion-de-caso-de-congresista-freddy-diaz/

[4] https://www.infobae.com/peru/2023/08/25/estos-son-los-11-congresistas-mocha-sueldo-que-serian-condenados-a-prision-igual-que-michael-urtecho/

[5] https://www.infobae.com/peru/2024/05/28/mas-de-la-mitad-de-congresistas-son-investigados-por-la-fiscalia-de-la-nacion/

[6] https://ojo-publico.com/politica/congreso-aprueba-el-dictamen-que-reduce-la-autonomia-la-sunedu.

[7] https://larepublica.pe/politica/2024/11/22/en-el-congreso-buscan-eliminar-a-la-jnj-y-nombrar-jefe-de-onpe-724372.

[8] https://larepublica.pe/politica/judiciales/2024/12/15/el-5765-de-la-constitucion-de-1993-ha-sido-reformada-por-el-congreso-desde-que-entro-en-vigencia-alberto-fujimori-asamblea-constituyente-909846#google_vignette

[9] Giusti, Miguel. Pensar la corrupción. El profesor Giusti, recordando a Sócrates y Rousseau, señala que "(…) la codicia o la tentación de la corrupción son móviles primarios, mezquinos, propios de personas sin verdadero sentido ético, que no entienden las verdaderas razones por las que los seres humanos desean vivir, o por las que cultivan y valoran sus creaciones culturales, menos aún son capaces de comprender el gran beneficio que representaría para todos, la práctica de la solidaridad".  En: https://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/articulos/pensar-la-corrupcion/

[10] El "deber" en la perspectiva señalada por Kant, y se diría, como una necesidad básica, indispensable del compromiso para refundar la política y la acción pública en el país.